Escoltas para el poder, un plástico para la justicia
Dos cuerpos cubiertos con un plástico están tirados en la calle. A pocos metros, cuatro personas lloran desesperadamente su ausencia. Se trata de la fiscal Gloria Bravo y su hermana. Los proyectiles que impactaron la cabeza de la fiscal y el cuerpo de su hermana –que murió intentando defenderla– cumplieron el propósito de quitarles la vida mientras caminaban hacia su auto, en algún lugar de Manta, cerca del mediodía del domingo 14 de junio de 2026. Hoy no quiero hablar de quién las asesinó ni de por qué lo hizo. Espero que de eso se encargue la misma institución a la que servía el día en que la asesinaron.
En estas líneas quiero reflexionar públicamente sobre el gran ausente de esta escena: el Estado. A los funcionarios públicos que trabajan dentro de la administración de justicia les han hecho creer que el Estado está con ellos. Que si algún juez o fiscal, en el ejercicio de sus funciones, corre peligro, el Estado saldrá –sin vacilar ni un solo momento– en su acérrima defensa. Esto no es más que un cuento de hadas que desaparece con el primer impacto de un proyectil. A Gloria Bravo el Estado sí le había hecho esa promesa y le asignó escolta. El día que la mataron, no estaba con ella.
Esto es un síntoma de que el Estado reconoce, pero a la vez abandona. Reconoce que sus jueces y fiscales están en peligro, pero abandona porque los oficiales solamente llegan a constatar la muerte. El caso de la fiscal Bravo no es el único. Hace aproximadamente un mes mataron a la jueza Lady Pachar mientras las condiciones de su protección –según las autoridades– “no se encontraban operativas al momento en que ocurrió el atentado”. En octubre de 2024, el fiscal Marcelo Vásconez y su escolta terminaron sin vida en el piso a pocos metros de la sede de la Fiscalía de Manta. No es que el escolta fallara. Es que estaba solo y el Estado lo armó con una pistola para una emboscada de fusiles.
La verdad incómoda para el poder es que la protección sobra para quienes no la necesitan y falta para quienes sí. El nivel de resguardo depende de los “análisis de riesgo”, que parecen guiarse menos por el peligro real que por el peso político. Una mañana cualquiera en la capital se detiene el tráfico de una avenida para dar paso a un blindado y a dos autos llenos de escoltas rumbo a la Asamblea u otra institución gubernamental. Dentro viaja un funcionario que nunca se ha enfrentado al crimen organizado. Muchos jueces y fiscales no tienen ni siquiera la mitad de esos recursos para proteger su vida; en la mayoría de los casos, solo la esperanza de que no les toque.
Las muertes de Bravo, Vásconez y Pachar son apenas una muestra de cómo va agonizando nuestro sistema de justicia. Human Rights Watch ha documentado al menos 15 jueces y fiscales asesinados desde 2022. Quince personas que el Estado debía cuidar y no cuidó. La propia Policía Nacional reconoce que, de casi 2.000 pedidos de protección presentados desde 2023, solo “resguardó” al 17%. El Consejo de la Judicatura registró, entre enero de 2024 y mayo de 2026, 142 amenazas directas y 11 atentados contra jueces y fiscales.
Pero detrás de la sangre de cada fiscal o juez asesinado, del llanto de sus familiares y de los hijos que han quedado huérfanos, se esconde un costo institucional que el Estado también ignora, se asfixia, lentamente, la independencia judicial. Todas estas muertes se traducen en un mensaje claro del crimen organizado para quienes siguen vivos, si no haces lo que quiero, terminarás como ellos, cubierto con un plástico, a la espera de que un médico venga solo a constatar tu muerte.
Cuando el Estado deja sin protección a quien acusa o juzga al crimen organizado, no descuida un trámite. Rompe la promesa de que en este país se puede actuar sin miedo. El derecho internacional no lo deja a criterio. Proteger la vida y la independencia de jueces y fiscales es una obligación del Estado, no un favor. La relatora especial de la ONU sobre independencia judicial ya advirtió, en 2023, que estos ataques amenazan el Estado de derecho en Ecuador.
Desde entonces, la cuenta de muertos solo ha crecido. No hay que inventar nada; hay que cumplir. Un registro único de operadores amenazados. Protocolos que se activen en horas, no en veinte días. Recursos de verdad, blindaje, equipos especiales. Lo más importante, una voluntad política que hoy alcanza para soldados en las calles, pero no para escoltas de quienes sostienen la justicia.
Mientras esto no ocurra, la pregunta ya no es si habrá otro juez o fiscal asesinado, sino cuándo y quién.